El ministro Otárola con el ejército

Crisis en Perú – Alberto Otárola y los recientes crímenes de la represión estatal en el Perú

Crise au Pérou – Alberto Otárola et les récents crimes de la répression étatique au Pérou

Carla Granados, doctoranda en historia, Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3
Carla Granados, doctorante en histoire, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

 

Un íntegro jefe de Estado o un parlamento con sentido de responsabilidad política frente a una grave crisis democrática ¿podría nombrar en calidad de ministro de Defensa a un funcionario público cuestionado por “incapacidad, falta de liderazgo y estrategia” tras haber estado a cargo de una fallida y negligente operación militar? Pues sí, Dina Boluarte, la primera mujer presidente en la historia del Perú, lo hizo y con absoluto respaldo de la ultraderecha peruana atrincherada con mayoría hoy en el Congreso.

Boluarte, promovida el último 7 de diciembre de vicepresidenta al sillón presidencial por sucesión constitucional luego de producida la vacancia del exmandatario Pedro Castillo, colocó nada menos que a Alberto Otárola Peñaranda en la cartera de Defensa, personaje que en el 2012, renunció al mismo cargo tras ser censurado en el Congreso de la República[1] por abandonar y dejar morir a su suerte -en pleno campo de batalla- al personal militar y policial que participó por entonces de una operación militar denominada “Libertad” con el objeto de rescatar a un grupo de trabajadores secuestrados a manos de columnas narcoterroristas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Tal antecedente, como vemos a la actualidad, no fue impedimento para su designación. Al contrario, tuvo que ser un precedente decisivo e instrumental para dicho nombramiento.

 

El ministro del terror

A la luz de las 28 muertes de peruanos que a tan solo menos de un mes de la asunción de Boluarte, ha cobrado la represión política desatada en Perú, Alberto Otárola, claro está, no ha sido cualquier ministro de Defensa.

Otárola, es el encargado político de la represión militar mandada a efectuar por orden de la jefa suprema de las fuerzas armadas Dina Boluarte, quien tras decretar desde el pasado miércoles 14 de diciembre el estado de emergencia nacional -bajo el argumento del restablecer la “paz”, el “diálogo” y la “defensa de la democracia”- dispuso el empleo de armas de guerra en contra de la población levantada en rechazo a su gobierno. El miedo extremo frente a la pérdida del poder político ha conducido a muchos países a la instalación de regímenes de terror como se puede constatar a través de la historia. Y, el caso peruano no es excepción.

Frente a este contexto, la misión encomendada al ministro Otárola, se muestra con mayor claridad. Es el responsable de dirigir una misión militar para la conquista de un objetivo político. El encargado de liquidar al “enemigo interior” para asegurar la permanencia de la mandataria en Palacio de Gobierno y la de los parlamentarios en el Congreso; de tomar el control absoluto de los poderes del Estado y con apoyo del alto mando de las Fuerzas Armadas (FFAA), obstaculizar las reformas constitucionales y políticas requeridas antes de cualquier adelanto de elecciones generales[2].

Mientras, las manifestaciones ciudadanas organizadas a nivel nacional que han movilizado masivamente los ciudadanos procedentes de las zonas rurales andinas y amazónicas -históricamente las más excluidas del país-, no cesan de reclamar su hartazgo frente a la corrupción política, a la falta de representación democrática y de demandar justicia por las muertes producidas por el Estado desde que Boluarte decidiera militarizar su gobierno. No en vano, la ciudadanía lleva más de 10 días en las calles exigiendo su inmediata renuncia, el cierre del Congreso y nuevas elecciones generales.

Otárola, es entonces la pieza clave en el desarrollo de esta sangrienta coyuntura y el responsable del incremento futuro de la violencia de Estado. A estas alturas, la ideología de la ultraderecha promovida desde el Congreso y respaldada por la jefa de Estado, ha vuelto a oficializar como discurso político gubernamental la trivialización y justificación de las muertes producidas con las armas del Estado, azuzando abiertamente al genocidio. Del clima golpista el país ha pasado al clima de guerra.

La muerte indiscriminada de los 28 peruanos con las armas de la Patria demuestra el éxito de la designación de Otárola en el puesto. En tan solo 5 días de la declaratoria de emergencia, el antes censurado ministro por “incapacidad, falta de liderazgo y estrategia” en la conducción de operaciones militares multiplicó eficientemente el número de muertos y heridos a manos de militares. Antes de la intervención de las fuerzas armadas, la represión policial había sumado en cuatro días, es decir -desde que comenzaron las movilizaciones nacionales del 11 al 14 de diciembre- la muerte de 7 peruanos.

Otárola, tan solo el primer día de la declaratoria de emergencia, produjo bajo su gestión la muerte de 7 peruanos. Una jornada que pasará a la historia como el 15 de diciembre más sangriento de esta crisis. Cifras que si la violencia de Estado no cesa podría ir en aumento.

 

La cuota de sangre”

No cabe duda de que las muertes provocadas como “cuota de sangre”, para lograr la vacancia definitiva del exmandatario Pedro Castillo, requeridas por el almirante Jorge Montoya[3] -principal vocero de la ultraderecha del Congreso y azuzador de esta consigna- debieron recaer en alguien que fuera capaz de bañar sus manos de sangre.

Otárola, fue presentado públicamente como el flamante ministro de defensa junto al nuevo gabinete el pasado 11 de diciembre, sin haber despertado -por sus escandalosos antecedentes de traición a los miembros de las FFAA y la Policía Nacional del Perú (PNP) – la más mínima crítica sobre su designación, ni por parte del Congreso, ni de la prensa, ni de la opinión pública, y lo que es peor ni siquiera de los almirantes y generales retirados que fungen hoy como congresistas. La amnesia deliberada por parte de la representación nacional no solo revela la complicidad en su designación sino también la absoluta indolencia que históricamente las élites políticas han demostrado frente a las violaciones de los derechos humanos de policías y militares incluso al interior del mismo Estado.

La historia peruana muestra que, ante los ojos de la clase política peruana, los miembros de las fuerzas del orden han sido vistos muchas veces simplemente como instrumentos vivos a ser empleados bien como carne de cañón o mercenarios prestos para ser usados según la necesidad de sus más viles intereses. De estos vicios y negligentes prácticas pueden dar cuenta las familias de los entonces suboficiales de la PNP Luis Astuquillca y César Vilca abandonados en el 2012 por el ministro Otárola en la zona más peligrosa del país, el VRAEM. Luego de la llamada “Operación Libertad”, Astuquillca sobrevivió por sus propias fuerzas tras días de estar desaparecido y en el caso de César Vilca su cuerpo muerto solo pudo ser recuperado a cuenta y riesgo de su padre cuando vergonzosamente el mismísimo Otárola siendo ministro de Defensa declinó en su búsqueda traicionando la consigna sagrada de un ejército en operaciones: “jamás se debe abandonar a un compañero de combate” [4].

Incapacidad, negligencia y traición hacia los miembros de las fuerzas del orden fueron de seguro los méritos que valieron en el nombramiento de Otárola como ministro de Defensa, cualidades más que suficientes para implantar intencionalmente el terror en las calles.

 

La militarización de la represión como respuesta a las demandas ciudadanas

En una sociedad racista y colonialista como la peruana donde no todos los peruanos son reconocidos como ciudadanos con posibilidad de ejercer plenamente sus derechos, el trato es distinto de acuerdo al color de la piel y, a consecuencia de la desigualdad económica, no existen garantías para la universalización de derechos básicos como la educación, salud y empleo. El derecho al sufragio resulta imaginado por gran parte de la población como la única facultad que coloca a todos los peruanos en igualdad ante la ley. El ejercicio del sufragio en elecciones generales y el respeto a los resultados electorales no debiera reducirse así a una mera elección de autoridades políticas. Para las grandes mayorías hoy movilizadas, en especial las poblaciones históricamente excluidas, representa un acto simbólico de reconocimiento, participación y representación en la vida democrática del país.

Por ello, las últimas elecciones presidenciales que se disputaron entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, la posterior tesis del fraude electoral gestado desde el Congreso para desconocer la elección de Castillo, el obstruccionismo parlamentario contra su gobierno, la incompetencia de este exmandatario, el autogolpe y su posterior vacancia por parte del Congreso, así como los casos de corrupción que envolvieron a ambos poderes del Estado no han hecho más que agudizar la desconfianza ciudadana, la polarización política y la desigualdad entre peruanos. La polarización que hoy vive el país ya no está centrada en la confrontación entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Actualmente se distinguen al menos dos facciones: los que pretender controlar la “democracia” de espaldas a la voluntad de la ciudadanía, frente a la mayor parte de la población peruana que no desea aceptar a una clase política y un gobierno que hoy afirman no los representa. Las encuestas lo confirman. Actualmente más de 83% de la población pide elecciones generales e incluso antes de la vacancia del exmandatario Pedro Castillo, el Congreso tenía nada menos que 86% de desaprobación popular[5].

La ciudadanía peruana tal como se observa ha entrado en el hartazgo y no es para menos. Las disputas políticas entre el Ejecutivo y el Congreso han llevado al país a tener 6 presidentes en 6 años. El continuo clima del golpe de Estado desde entonces ya sea por parte del Ejecutivo o el Congreso ha decantado en la instalación de la ideología de la ultraderecha defendida por el gobierno a fin de hacer de la democracia su “botín de guerra”. Mientras que, del otro lado, más de tres cuartas partes de la población peruana demandan que se “vayan todos” y se convoquen urgentemente a nuevas elecciones generales.

Por consiguiente, en lugar de que los funcionarios públicos del sistema de seguridad y defensa empleen la inteligencia únicamente para distinguir a los grupos vandálicos entre la población que hace uso legítimo de su derecho a la protesta, deben prestar atención además a la complejidad del proceso de crisis democrática que vive el país y contribuir a la comprensión de las especificidades de las movilizaciones ciudadanas como se efectúa en el ámbito profesional de defensa. El actual ministro Otárola acompañado de los altos mandos de las fuerzas armadas y la policía nacional, por el contrario, con su lógica de resolver un problema político con la fuerza militar ha procedido a simplificar el estallido de manifestaciones ciudadanas reduciéndolas a sucesos “vandálicos” y hasta de “terroristas” sin mayores pruebas, a fin de justificar las muertes en nombre de la lucha contra la “criminalidad”. En democracia, un ciudadano que ejerce su derecho a la protesta no es un criminal, ni merece la muerte. Y, si lo es, no está bajo a un sistema democrático sino a uno dictatorial.

 

La brutalización de la política

El empleo de los militares en la intervención de conflictos políticos por parte del poder civil no es nuevo en el Perú. La presente crisis por tanto no ha hecho sino más que retroceder al país a las décadas de violencia interna de los 80 y 90, a los tiempos donde la sociedad peruana tuvo que soportar todos los terrorismos los de Sendero Luminoso, el del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, los del Comando Rodrigo Franco, los del Grupo Colina y todos los ocurridos durante el régimen dictatorial de Alberto Fujimori, innumerables crímenes que en dos décadas provocaron la muerte de aproximadamente 69 mil peruanos, entre ellos más de 3000 efectivos de la policía y las fuerzas armadas, cerca de 20 mil desaparecidos cuyos cuerpos aún se buscan. Y, cientos de miles de conscriptos excombatientes que hasta la actualidad sufren, en absoluto abandono por parte del Estado, las secuelas físicas y sicológicas de la entonces llamada “guerra contraterrorista”.

No cabe duda de que, de la brutalización de la “guerra contraterrorista” como ideología y cultura bélica que provocó el fratricidio entre peruanos y se soportó en la trivialización de la muerte, la desaparición, la tortura del “enemigo interior”, hemos pasado a la brutalización de la política. El “terruqueo” como forma de identificar al “enemigo” y sindicarlo como traidor de la patria, ya no es solo instrumental para legitimar su eliminación política sino lo es, ahora también, física.

Construir al “enemigo”, promover su muerte en masa, trivializarla, justificarla al punto de sistematizar su eliminación constituyen características de una sociedad brutalizada. La brutalización -como categoría de análisis desde la historia y la antropología de la guerra; define a un conjunto de prácticas e imaginarios bélicos y postbélicos que llevan a una determinada sociedad a imaginar un estado permanente de guerra. Las sociedades brutalizadas producen muertes masivas donde el “enemigo” no existe en tanto pensamiento lógico, pues, al contrario, no debe serlo, porque la eliminación de seres humanos bajo este marco interpretativo se fundamenta más bien en el terreno de lo subjetivo, de lo emocional, principalmente a través del odio y el miedo. Las muertes en masa que se produjeron en el pasado ocurrieron en el contexto de guerras bajo sistemas políticos autoritarios y genocidas que intencionalmente buscaron destruir la empatía de la sociedad respecto a la vida de los “otros” implementando para ello recursos culturales que apuntaron anular los sentimientos de culpa, así como un discurso moral que justificara las ejecuciones. De la brutalización aborda ampliamente George Mosse en su libro Soldados Caídos (2016) para explicar justamente los orígenes del genocidio Nazi[6].

Con la militarización de la política y la politización de los militares impulsado desde el inicio de la “guerra de poderes” entre el Ejecutivo y el Congreso en el 2016, se ha abierto paso a un nuevo ciclo de violencia sistemática en el Perú y el fin de un ciclo democrático que se restauró hacia el año 2000, justamente con la caída del régimen dictatorial de Alberto Fujimori. No puede existir democracia si se sostiene a punta de balas y viola los derechos humanos de sus ciudadanos, ello es dictadura.

Si bien las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes por mandato constitucional, es decir no tienen la facultad de opinar e intervenir en asuntos políticos, ello no exime a sus miembros de ideologías, posturas y hasta de simpatías políticas; son ciudadanos y no han perdido el derecho al voto. Por ello mismo, es deber imperativo del poder civil resguardar estrictamente las funciones constitucionales de las fuerzas armadas, empleándolas de manera responsable tal como lo dictan los principios democráticos.

El actual gobierno sin embargo y de manera nefasta ha cruzado en la práctica la frontera límite del empleo de las fuerzas armadas, azuzando intencionalmente a su politización, hecho que en una verdadera democracia no solo es gravísimo sino altamente peligroso.

Finalmente, a la luz de los hechos ¿qué duda cabe, Otárola es la mano dispuesta al servicio de la represión y es quién viene pervirtiendo el rol de las fuerzas armadas peruanas sin medir las consecuencias? Con la masacre ocurrida los últimos días en el Perú, Otárola ha generado un daño irreparable a la institucionalidad de las fuerzas del orden y resquebrajado el respeto de la población peruana que tanto le costó recuperar en las dos últimas décadas. Es de esperar también que, una vez que retorne la democracia al país, Otárola fiel a sus principios junto a los altos mandos de las fuerzas orden se eximan de la responsabilidad por las muertes provocadas y sea más bien quién entregue a la justicia los apellidos y nombres de los subordinados que salieron a las calles a matar en cumplimiento de sus órdenes. Y, así como es su costumbre abandonarlos a su suerte, de la misma manera que ocurrió con cientos de miles de combatientes de la “guerra contraterrorista”, muchos de los cuales están en prisión o están inmersos en largo procesos judiciales. Un círculo de traición y muerte es el único legado que Otárola como ministro de defensa, le hereda al país, y quién por si fuera poco acaba de ser ascendido nada menos que a jefe del gabinete de ministros.

 

[1] Sobre la “Moción de Censura” por parte del Congreso de la República véase: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/10f4e09f91530113052579f3007541ba/$FILE/MC02947030512..pdf

[2]  El Referéndum nacional para la reforma política fue celebrado en el país el 8 de diciembre de 2018.

[3] Sobre la “Cuota de sangre” demandada por el almirante en situación de retiro Jorge Montoya véase:   https://www.youtube.com/watch?v=BdO5wWUNvjk&t=13s

[4] Véase los reportajes televisivos relacionados a la muerte y abandono de los suboficiales de la PNP Luis Astuquillca Y César Vilca: https://www.youtube.com/watch?v=CreiDs-uxkU ; https://www.youtube.com/watch?v=d6ckPONwhQk

[5] Las encuestas de opinión fueron realizadas por el Instituto de Estudios Peruanos véase: https://data.larepublica.pe/encuesta-iep-aprobacion-desaprobacion-peru-presidente-congreso-de-la-republica/ ; https://data.larepublica.pe/encuesta-iep-aprobacion-desaprobacion-peru-presidente-congreso-de-la-republica/julio-2022/.

[6] MOSSE, George L., Soldados caídos. La transformación de la memoria de las guerras mundiales, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, [1990], 2016.

 

Version française : 

Un chef d’État intègre ou un Parlement ayant le sens des responsabilités politiques pourrait-il, face à une grave crise démocratique, nommer ministre de la Défense un fonctionnaire mis en cause pour « incapacité, manque de leadership et de stratégie », coupable de négligence lors d’une opération militaire qui avait tourné à l’échec ? Eh bien, oui, Dina Boluarte, la première femme présidente de l’histoire du Pérou, l’a fait, et cela avec le soutien total de la solide majorité d’extrême-droite de l’actuel Congrès péruvien.

Boluarte, promue le 7 décembre dernier de la vice-présidence à la fonction présidentielle par succession constitutionnelle, suite à la vacance de l’ancien président Pedro Castillo, a placé au portefeuille de la Défense nul autre qu’Alberto Otárola Peñaranda. Or celui-ci avait démissionné en 2012 du même poste après avoir été censuré par le Congrès de la République[1] pour avoir abandonné et laissé à leur sort — au milieu du champ de bataille — les militaires et les policiers qui participaient à l’époque à une opération militaire appelée « Libertad », qui avait pour but de secourir un groupe de travailleurs enlevés par des colonnes narcoterroristes dans la région du Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Ce passé, comme nous pouvons le constater aujourd’hui, n’a pas été un obstacle à sa nomination. Au contraire, il a même pu constituer un précédent décisif et déterminant pour sa nomination.

Le ministre de la terreur

28 Péruviens sont morts suite à la répression politique déclenchée au Pérou, moins d’un mois après l’entrée en fonction de Boluarte : Alberto Otárola n’est pas n’importe quel ministre de la Défense.

Otárola est le responsable politique de la répression militaire ordonnée par la chef suprême des forces armées, Dina Boluarte, qui après avoir décrété l’état d’urgence national le mercredi 14 décembre — au motif de rétablir la « paix », le « dialogue » et la « défense de la démocratie » — a ordonné l’utilisation d’armes de guerre contre la population qui s’était soulevée contre son gouvernement. La peur de la perte du pouvoir politique a conduit au cours de l’histoire de nombreux gouvernements à instaurer des régimes de terreur. Le cas péruvien ne fait pas exception.

Dans ce contexte, la mission confiée au ministre Otárola est encore plus claire. Il est chargé de diriger une mission militaire pour atteindre un objectif politique. Il est chargé de liquider « l’ennemi intérieur » pour assurer la permanence de la mandataire dans le palais présidentiel et des parlementaires au Congrès ; de prendre le contrôle absolu des pouvoirs de l’État et, avec le soutien du haut commandement des forces armées, de faire obstacle aux réformes constitutionnelles et politiques requises avant toute élection générale anticipée[2].

Pendant ce temps, les manifestations citoyennes organisées au niveau national, qui ont mobilisé massivement les citoyens des zones rurales andines et amazoniennes — historiquement les plus exclues du pays — n’ont cessé de dénoncer la corruption politique, le manque de représentation démocratique et de réclamer justice pour les morts causées par l’État depuis que Boluarte a décidé de militariser son gouvernement. Sans surprise, les citoyens sont descendus dans la rue depuis plus de 10 jours pour demander sa démission immédiate, la fermeture du Congrès et de nouvelles élections générales.

Otárola est donc l’acteur clé dans l’installation de cette situation sanglante et est responsable de l’augmentation future de la violence d’État. À ce stade, l’idéologie de l’ultra-droite, promue par le Congrès et soutenue par le chef de l’État, a une fois de plus fait de la banalisation et de la justification des morts produites par les armes d’État un discours politique officiel du gouvernement, encourageant ouvertement le génocide. Le pays est passé d’un climat de coup d’État à un climat de guerre.

Le meurtre aveugle de 28 Péruviens par la puissance étatique démontre le succès de la nomination d’Otárola à ce poste. Avant l’intervention des forces armées, la répression policière avait déjà entraîné la mort de sept Péruviens en quatre jours, c’est-à-dire depuis le début des manifestations nationales, entre 11 au 14 décembre. Seulement 5 jours après la déclaration de l’état d’urgence, le ministre précédemment critiqué pour son « incapacité, son manque de leadership et de stratégie » dans la conduite des opérations militaires a multiplié efficacement le nombre de morts et de blessés aux mains des militaires.

Rien que le premier jour de l’état d’urgence, l’administration d’Otárola avait causé la mort de 7 Péruviens. Un jour qui restera dans l’histoire comme le 15 décembre le plus sanglant de cette crise. Des chiffres qui, si la violence d’État n’est pas arrêtée, pourraient augmenter.

 

Le « quota de sang »

Il ne fait aucun doute que ces morts qui renvoient au « quota de sang » exigé par l’amiral Jorge Montoya[3] – principal porte-parole de l’extrême-droite au Congrès et défenseur de ce slogan – pour parvenir à la vacance définitive de l’ancien président Pedro Castillo, devaient incomber à un individu capable de se salir les mains.

Otárola a été présenté publiquement le 11 décembre comme le nouveau ministre de la Défense, en même temps que le cabinet tout juste nommé, sans que sa nomination suscite la moindre critique, malgré son scandaleux passé de trahison des membres des forces armées et de la police péruvienne, ni de la part du Congrès, ni de la presse, ni de l’opinion publique et, pire encore, pas même de la part des amiraux et généraux à la retraite qui siègent aujourd’hui au Congrès. L’amnésie délibérée de la représentation nationale révèle non seulement la complicité dans sa nomination, mais aussi l’indolence absolue dont les élites politiques ont historiquement fait preuve face aux violations des droits de l’homme commises par les policiers et les militaires, y compris au sein de l’État-même.

L’histoire du Pérou montre qu’aux yeux de la classe politique péruvienne, les membres des forces de l’ordre ont souvent été considérés comme de simples instruments vivants destinés à servir soit de chair à canon, soit de mercenaires prêts à être utilisés selon les besoins de leurs intérêts les plus vils. De ces vices et de ces pratiques négligentes peuvent témoigner les familles des sous-officiers Luis Astuquillca et César Vilca, alors policiers, abandonnés en 2012 par le ministre Otárola dans la zone la plus dangereuse du pays, la VRAEM. Après l’opération dite « Liberté », Astuquillca a survécu seul après avoir été porté disparu pendant plusieurs jours ; dans le cas de César Vilca, son cadavre n’a pu être récupéré qu’aux risques et périls de son père alors qu’Otárola en personne, déjà ministre de la Défense, avait fait abandonner les recherches sans vergogne, trahissant ainsi la devise sacrée d’une armée en opération : « ne jamais abandonner un camarade au combat »[4].

L’incapacité, la négligence et la trahison envers les membres des forces de l’ordre ont sûrement été les mérites de la nomination d’Otárola au poste de ministre de la Défense, qualités plus que suffisantes pour implanter intentionnellement la terreur dans les rues.

 

La militarisation de la répression comme réponse aux demandes des citoyens

Dans une société raciste et colonialiste comme celle du Pérou, tous les Péruviens ne sont pas reconnus comme des citoyens ayant la possibilité d’exercer pleinement leurs droits. Le traitement est différent selon la couleur de la peau et, en raison de l’inégalité économique, il n’existe aucune garantie d’universalisation des droits fondamentaux tels que l’éducation, la santé et l’emploi. Le droit de vote est considéré par une grande partie de la population comme le seul pouvoir qui place tous les Péruviens sur un pied d’égalité devant la loi. L’exercice du suffrage lors des élections générales et le respect des résultats électoraux ne doivent pas être réduits à une simple élection des autorités politiques. Pour les grandes majorités mobilisées aujourd’hui, notamment les populations historiquement exclues, elle représente un acte symbolique de reconnaissance, de participation et de représentation dans la vie démocratique du pays.

Pour cette raison, les dernières élections présidentielles ont été un acte symbolique de reconnaissance, de participation et de représentation dans la vie démocratique du pays.

C’est pourquoi durant les dernières élections présidentielles disputées entre Keiko Fujimori et Pedro Castillo, la thèse ultérieure de fraude électorale conçue par le Congrès pour discréditer l’élection de Castillo, l’obstructionnisme parlementaire contre son gouvernement, l’incompétence de cet ancien président, l’auto-coup d’État et sa vacance ultérieure par le Congrès, ainsi que les cas de corruption qui ont concerné les deux branches du gouvernement, n’ont fait qu’exacerber la méfiance de la population, la polarisation politique et l’inégalité entre les Péruviens. La polarisation que connaît le pays aujourd’hui n’est plus centrée sur l’affrontement entre l’extrême droite et l’extrême gauche. Aujourd’hui, on peut distinguer au moins deux factions : ceux qui veulent contrôler la « démocratie » en tournant le dos à la volonté populaire, et la majorité de la population péruvienne qui ne veut pas accepter une classe politique et un gouvernement qui, selon elle, ne la représente pas aujourd’hui. Les sondages le confirment. Actuellement, plus de 83 % de la population réclame des élections générales et, même avant la vacance de l’ancien président Pedro Castillo, le Congrès ne comptait pas moins de 86 % de désapprobation populaire[5].

Les citoyens péruviens en ont assez de cette situation, et pour cause. Les conflits politiques entre l’exécutif et le Congrès ont conduit le pays à avoir six présidents en six ans. Le climat continu de coups d’État depuis lors, que ce soit par l’exécutif ou le Congrès, a conduit à l’installation d’une idéologie d’extrême-droite défendue par le gouvernement afin de faire de la démocratie son « butin de guerre ». Pendant ce temps, de l’autre côté, plus des trois quarts de la population péruvienne exigent qu’« ils partent tous » et que de nouvelles élections générales soient convoquées de toute urgence.

Par conséquent, les agents publics du système de sécurité et de défense, qui n’utilisent les renseignements que pour distinguer les groupes violents du reste de la population qui fait un usage légitime de son droit de protester, devraient également s’employer à prêter attention à la complexité du processus de crise démocratique que traverse le pays et contribuer à la compréhension des spécificités des mobilisations citoyennes, comme cela se fait dans le domaine de la défense professionnelle. L’actuel ministre Otárola, accompagné du haut commandement des forces armées et de la police nationale, au contraire, avec sa logique de résolution d’un problème politique par la force militaire, a procédé à la simplification du déclenchement des manifestations citoyennes en les réduisant à des événements de « vandalisme » et même de « terrorisme » sans beaucoup de preuves, afin de justifier les morts au nom de la lutte contre la « criminalité ». Dans une démocratie, un citoyen qui exerce son droit de manifester n’est pas un criminel et ne mérite pas la mort. Et si c’est le cas, il n’est pas sous un système démocratique, mais dictatorial.

La brutalisation de la politique

Le recours à l’armée pour intervenir dans des conflits politiques de la part du pouvoir civil n’est pas nouveau au Pérou. La crise actuelle n’a donc fait que ramener le pays aux décennies de violence interne des années 1980 et 1990, à l’époque où la société péruvienne a dû endurer le terrorisme du Sentier lumineux, du Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru, du Commando Rodrigo Franco, du Groupe Colina et tous les crimes survenus sous le régime dictatorial d’Alberto Fujimori, d’innombrables crimes qui, en deux décennies, ont causé la mort d’environ 69 000 Péruviens, dont plus de 3 000 membres de la police et des forces armées, et près de 20 000 disparus dont les corps sont toujours recherchés. Et des centaines de milliers d’ex-combattants conscrits, complètement abandonnés par l’État, qui souffrent encore aujourd’hui des séquelles physiques et psychologiques de la soi-disant « guerre antiterroriste ».

Il ne fait aucun doute que, de la brutalisation de la « guerre antiterroriste » en tant qu’idéologie et culture de guerre qui a provoqué des fratricides parmi les Péruviens et qui était basée sur la banalisation de la mort, de la disparition et de la torture de « l’ennemi intérieur », nous sommes passés à la brutalisation de la politique. Le « terruqueo », en tant que moyen d’identifier « l’ennemi » et de le désigner comme un traître à la patrie, ne sert plus seulement à légitimer son élimination politique, mais également physique désormais.

Construire « l’ennemi », promouvoir sa mort massive, la banaliser, la justifier jusqu’à systématiser son élimination sont les caractéristiques d’une société brutalisée. La brutalisation — en tant que catégorie d’analyse issue de l’histoire et de l’anthropologie de la guerre — définit un ensemble de pratiques et d’imaginaires de guerre et d’après-guerre qui conduisent une société donnée à imaginer un état de guerre permanent. Les sociétés brutalisées produisent des tueries massives où « l’ennemi » n’existe pas en tant que pensée logique, parce que, au contraire, il ne devrait pas exister, car l’élimination d’êtres humains dans ce cadre interprétatif se base davantage sur le terrain subjectif, émotionnel, principalement à travers la haine et la peur. Les massacres qui ont eu lieu dans le passé se sont produits dans le contexte de guerres menées sous des systèmes politiques autoritaires et génocidaires qui ont intentionnellement cherché à détruire l’empathie de la société pour la vie des « autres », en mettant en œuvre des ressources culturelles visant à supplanter les sentiments de culpabilité, ainsi qu’un discours moral qui justifierait les exécutions. George Mosse traite abondamment de la brutalisation dans son livre Fallen Soldiers [1990] (2016) pour expliquer les origines du génocide nazi[6].

Avec la militarisation de la politique et la politisation des militaires impulsées par le début de la « guerre des pouvoirs » entre l’exécutif et le Congrès en 2016, un nouveau cycle de violence systématique a commencé au Pérou et la fin d’un cycle démocratique qui avait été restauré autour de l’an 2000, précisément avec la chute du régime dictatorial d’Alberto Fujimori. La démocratie ne peut exister si elle est maintenue grâce aux balles et viole les droits de ses citoyens ; cela s’appelle une dictature.

Bien que les forces armées et la police nationale ne soient pas délibératives par mandat constitutionnel, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas le pouvoir d’exprimer une opinion et d’intervenir dans les affaires politiques, cela n’exempte pas leurs membres d’idéologies, de positions et même de sympathies politiques ; ils sont des citoyens et n’ont pas perdu le droit de vote. Par conséquent, le pouvoir civil a le devoir impératif de sauvegarder strictement les fonctions constitutionnelles des forces armées, en les utilisant de manière responsable comme le dictent les principes démocratiques.

Le gouvernement actuel a toutefois franchi en pratique la limite de l’utilisation des forces armées, encourageant intentionnellement leur politisation, ce qui, dans une véritable démocratie, est non seulement extrêmement grave, mais surtout très dangereux.

Enfin, à la lumière des faits, il ne fait aucun doute qu’Otárola orchestre la répression et qu’il est celui qui pervertit le rôle des forces armées péruviennes sans en mesurer les conséquences. Avec le massacre qui a eu lieu ces derniers jours au Pérou, Otárola a causé des dommages irréparables à l’institutionnalité des forces de l’ordre et a sapé le respect de la population péruvienne que celles-ci s’étaient efforcées de regagner au cours des deux dernières décennies. Il faut également s’attendre à ce qu’avec le retour de la démocratie dans le pays, Otárola, fidèle à ses principes, ainsi que les hauts commandants des forces de l’ordre, s’exonéreront de toute responsabilité pour les morts causées et livreront à la justice les noms et prénoms des subordonnés qui sont sortis dans les rues pour tuer conformément à leurs ordres. Ils ont l’habitude d’abandonner les soldats à leur sort, tout comme ils l’ont fait pour des centaines de milliers de combattants de la « guerre antiterroriste », dont beaucoup sont en prison ou font l’objet de longues procédures judiciaires. Un cercle de trahison et de mort est le seul héritage que laissera au pays Otárola, ministre de la Défense, qui vient pourtant d’être promu au rang de chef du cabinet des ministres.

[1] Sur la « motion de censure » du Congrès de la République, voir : https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/10f4e09f91530113052579f3007541ba/$FILE/MC02947030512..pdf

[2] Le Référendum national pour la réforme politique fut célébré le 8 décembre 2018.

[3] Sur le « quota de sang » annoncé par l’amiral à la retraite Jorge Montoya, voir : https://www.youtube.com/watch?v=BdO5wWUNvjk&t=13s

[4] Voir les reportages télévisuels dédiés à la mort et l’abandon des sous-officiers de la police Luis Astuquillca et César Vilca: https://www.youtube.com/watch?v=CreiDs-uxkU ; https://www.youtube.com/watch?v=d6ckPONwhQk

[5] Les sondages furent réalisés par l’Institut d’Études Péruviennes, voir : https://data.larepublica.pe/encuesta-iep-aprobacion-desaprobacion-peru-presidente-congreso-de-la-republica/; https://data.larepublica.pe/encuesta-iep-aprobacion-desaprobacion-peru-presidente-congreso-de-la-republica/julio-2022/

[6] MOSSE, George L., Soldados caídos. La transformación de la memoria de las guerras mundiales, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016 [1990]



Citer ce billet
idarennes (2023, 5 janvier). Crisis en Perú – Alberto Otárola y los recientes crímenes de la represión estatal en el Perú. Institut des Amériques de Rennes. Consulté le 12 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/pti0

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